El gobierno de México ha implementado un plan para establecer al país como un destino destacado para la inversión del exterior. Esta iniciativa combina tarifas reducidas con incentivos fiscales excepcionales. La propuesta fue introducida durante la firma del acuerdo para el nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar, localizado en Celaya, Guanajuato, reconocido como esencial para impulsar el crecimiento industrial y logístico.
De acuerdo con el secretario de Economía, México está proporcionando en este momento una de las tasas efectivas de arancel más reducidas a nivel mundial, siendo aproximadamente un 6.5% en promedio para sus exportaciones. Esta cifra es aún menor que la registrada en países desarrollados como Japón, Alemania o Corea del Sur. Además, México y China fueron los únicos países que obtuvieron una extensión de 90 días para renegociar los nuevos aranceles establecidos por Estados Unidos, lo cual supone una ventaja estratégica en el ámbito comercial.
En lo que respecta a los incentivos fiscales, el nuevo marco permite que las empresas que se instalen en los polos de desarrollo puedan deducir el 100% de los activos fijos en sus inversiones. A esto se suman deducciones adicionales: un 25% por gastos en capacitación y educación dual, y un 25% más por inversión en innovación tecnológica. Además, tanto los gobiernos estatales como municipales podrán otorgar estímulos complementarios, aunque esos detalles aún se están definiendo.
El Polo de Celaya destaca también por sus ventajas logísticas. Funcionará como un “puerto seco” multimodal, con conexión directa al sistema ferroviario y a carreteras internacionales, y acceso cercano a los principales puertos marítimos del país. Este nodo se inserta en una red de 15 polos diseñados en regiones estratégicas, con el propósito de impulsar la diversificación productiva y fortalecer la infraestructura regional.
Esta política también se integra a lo que el gobierno ha denominado “Plan México”, una estrategia mayor para posicionar al país entre las principales potencias económicas globales. Este plan contempla fiscales como el “Decreto de estímulos”, con un límite de 30 mil millones de pesos destinados a fomentar activos fijos (28.500 millones), y capacitación e innovación (1.500 millones). Los sectores beneficiados incluyen energía, hidrocarburos, construcción, transporte ferroviario y electromovilidad, todos con porcentajes de deducción que oscilan entre el 41% y hasta el 86%, dependiendo del sector y periodo.
La jugada mexicana también responde al entorno global, marcado por una guerra comercial entre Estados Unidos y sus vecinos. México, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se ha mantenido en una posición de preferencia comercial, al evitar nuevos aranceles que sí afectaron a otros países como los miembros de la Unión Europea o China. Esto ha permitido mantener sin interrupciones la llegada de capitales, además de fortalecer la recuperación del peso y atraer inversiones por su competitividad arancelaria y tributaria.
Algunos economistas advirtieron la necesidad de acompañar estos estímulos con mejoras estructurales en infraestructura y servicios públicos. Aunque los incentivos fiscales son atractivos, su efectividad dependerá también de contar con energía confiable, comunicaciones eficaces y una regulación clara que garantice certeza jurídica para los inversionistas.
No obstante, este paquete demuestra una visión proactiva del gobierno para fomentar el nearshoring —el reacomodamiento de cadenas productivas de Asia hacia América del Norte—. México busca aprovechar su condición geográfica, su inserción en la cadena de suministro con EE.UU. y el entorno de libre comercio para atraer mayor inversión en manufactura, investigación y desarrollo.
En conclusión, la estrategia de aranceles disminuidos junto con atractivos incentivos fiscales sitúa a México en una situación muy competitiva. La idea es evidente: promover inversiones, reactivar el sector industrial y fortalecer su papel como socio clave en la economía regional del siglo XXI. No obstante, el logro de esta propuesta dependerá de preservar la estabilidad política, mejorar la infraestructura y desarrollar una perspectiva a mediano plazo que respalde las ventajas establecidas.
